Municipalidades desaprovechan información sobre amenazas naturales PDF Imprimir E-Mail

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Metodología para incorporar amenazas naturales resulta insuficiente para definir hacia dónde extender el desarrollo urbano y las actividades productivas de cada cantón, destaca investigación de la Escuela de Ciencias Geográficas.



 

Costa Rica posee 50.660 km2 de tierra, 25% de los cuales pertenecen a zonas protegidas. Dentro del porcentaje restante se ubican extensas llanuras, montañas, ríos caudalosos y al menos cinco volcanes activos, sin obviar las fallas tectónicas detectadas  en el territorio; ¿cómo determinan los municipios los usos del suelo para que las amenazas naturales no representen un riesgo para la población ni la actividad productiva del país?

 

Desde 1996 se aplica el Decreto No 3296 del Ministerio de Ambiente y Energía que presenta un Manual de Instrumentos Técnicos para el proceso de evaluación del impacto ambiental. Las amenazas naturales son incorporadas en la planificación territorial por medio de una variable dentro de la metodología denominada Índice de Fragilidad Ambiental (IFA). 

 

“El objetivo principal del IFA no es analizar las amenazas naturales, sino la protección del ambiente. El establecimiento de una metodología estandarizada que considera las amenazas naturales podría considerarse un aspecto positivo; sin embargo, los métodos propuestos para su estimación resulta en grandes generalizaciones que pierden significado, incluso puede llegar a subestimar las amenazas en el territorio”, explicó Gustavo Barrantes, investigador y subdirector de la Escuela de Ciencias Geográficas de la Universidad Nacional (ECG-UNA).

 

Según el decreto, el IFA utiliza  cuatro ejes de información:

 

  • - Antropoaptitud: condición que presenta un espacio geográfico en razón de los diferentes tipos de uso del suelo.

  • - Bioaptitud: condición natural que tiene un espacio geográfico desde el punto de vista biológico.

  • - Edafoaptitud: que comprende la condición de aptitud natural que tiene un terreno dado, respecto a las condiciones de la capa del suelo que lo recubre.

  • - Geoaptitud: que se refiere a la condición de estabilidad natural de los espacios geográficos, tanto desde el punto de vista de sus condiciones de subsuelo, como de los procesos geodinámicos activos que pueden alterar esa estabilidad.

 

Las amenazas naturales, de acuerdo con Barrantes, se incorporan en el eje de Geoaptitud, junto a otros cuatro factores: litopetrofísico, geodinámico externo, hidrológico y estabilidad de ladera.

 

“El algoritmo de cálculo del IFA se implementa en la práctica como un promedio simple (media aritmética) de las amenazas consideradas, procedimiento  que se repite para cada uno de los factores que componen el índice de geoaptitud y posteriormente para con cada uno de los cuatro índices (o ejes de información) que conforman el IFA”, explica Barrantes.

 

De esta manera se llega a un data agrupado (IFA integrado) que pierde significado, en espacial en el tema de las limitaciones al uso del suelo que se derivan de la presencia de amenazas naturales en un determinado territorio.

 

Propuesta

 

Ante la limitada información que posee la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y las insuficiencias presentadas en la metodología de cálculo del IFA, Barrantes propone un Modelo multiamenaza, donde—en primer lugar—prevalecen los estudios técnicos elaborados por las instituciones públicas o centros de investigación.

 

“Es frecuente  que existan mapas de amenaza para eventos particulares, elaborados por especialistas en cada área; dicha cartografía debe ser la  base para establecer el índice de cada amenaza natural, siempre que estén elaborados a una escala apropiada  y con una clara alusión a la intensidad de los eventos y la probabilidad de que ocurre.

 

En este sentido, si el OVSICORI realiza un mapa de amenazas volcánicas para el volcán Irazú, por ejemplo, este debería ser la herramienta a utilizar porque ha sido elaborado a partir de estudios detallados sobre el comportamiento de la amenaza (el volcán) y  no sobre métodos simplificados”, explica.

 

A pesar de que este tipo de estudios son los deseables, su costo y la dificultad de contar con suficientes datos de calidad para aplicar sofisticados cálculos o modelaje computacional, los hace poco factibles.

 

En la mayoría de los casos, según Barrantes, se requiere de una aproximación heurística para definir zonas de distintos grados de peligro potencial por amenazas naturales y un método apropiado para integrar espacialmente dicha información.

 

Este modelo también incorpora seis amenazas naturales no contempladas en el decreto del IFA: flujo de derrubios, sequías, caída de ceniza, flujos de lava, lluvia ácida y flujos piroclásticos. 

 

“En este modelo prevalece la amenaza con mayor potencial y se considera la posible interacción en el espacio entre las amenazas presentes en un determinado territorio. Así, por ejemplo, durante las erupción del Irazú (1963-65) la caída de ceniza en la cabecera del rio Reventado, provocó que ese material bajara como un flujo de derrubios (avalancha) sobre la comunidad de Taras; otro caso fue el del terremoto de Cinchona de 2009, que provocó más de 4600 mil deslizamientos. La combinación de amenazas puede propiciar disparos o efectos en cascada”. 

  

Según el investigador el modelo permite incorporar, de manera cualitativa, la recurrencia o frecuencia con que se presentan los eventos, incorporando un peso a las amenazas acorde con su frecuencia.

 

Por ejemplo, podemos clasificar una área con el potencial más alto por por caída de ceniza volcánica pero disminuir su valoración en fusión de la poco probable que se presente un evento de este tipo, de esta forma se modera la restricción en el uso del suelo en función de ambas consideraciones.

 

En términos generales, por medio del ordenamiento territorial se debe procurar disminuir el riesgo futuro al orientar los desarrollos urbanos hacia las zonas catalogadas de bajo o moderado potencia de amenaza. No obstante, en el caso de que las zonas de alto y muy alto potencial de multi-amenaza  se encuentren habitadas, el modelo hace posible su localización para proceder con medidas de mitigación y preparación, como crear comités comunales de emergencia y sistemas de alerta temprana, entre otros”.

 

 

Barrantes afirma que el IFA está, desde hace algunos años, en revisión pero centrado en su papel como instrumento para incorporar la variable ambiental en el Ordenamiento Territorial, sin atender a su potencial como instrumento para hacer gestión del riesgo, debido a la cantidad de información sobre amenazas que reúne y puede poner a disposición de los comités municipales de emergencia y a las oficinas municipales de gestión del riesgo.


 

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