UNA llama al respeto y la convivencia pacífica

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La Rectoría de la UNA emitió pronunciamiento donde respalda la Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre identidad de género e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo. 



 

La Universidad Nacional (UNA), como institución de educación superior pública comprometida con los valores de libertad, diversidad, justicia, fraternidad, igualdad y respeto a los derechos humanos, respalda la reciente resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- (OC-24/17, 9 de enero de 2018), mediante la cual resolvió que “el Estado debe reconocer y garantizar todos los derechos que se derivan de un vínculo familiar entre personas del mismo sexo”, así como el derecho a la identidad de género y procedimientos de cambio de nombre.

 

Así lo informa en un pronunciamiento suscrito por el rector Alberto Salom, en el cual se añade que como institución generadora de conocimiento, la UNA no puede ignorar la histórica y sistemática anulación o menoscabo en el reconocimiento, goce y ejercicio de sus derechos humanos y de las libertades fundamentales, que ha sufrido la comunidad LGBTI a lo largo de muchos años. 

 

En particular, el documento hace referencia al menoscabo en el ejercicio de derechos libertades fundamentales de esta población en cuanto al respeto de su orientación sexual, la protección de su identidad y expresión de género y los derechos patrimoniales de las parejas del mismo sexo, sin obviar otras figuras jurídicas que pueden resultar estigmatizantes, inferiorizantes y discriminatorias. 

 

Al respecto, -enfatiza- se hace urgente la adopción de mecanismos procesales expeditos y no discriminatorios para el ejercicio del derecho a la identidad y la expresión de género.
 

La UNA, en apego a los principios de libertad, justicia y paz que promueve la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Pacto de San José), comparte el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la especie humana, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, respetando el pluralismo cultural, religioso,  ideológico y político propio de una sociedad compleja como la nuestra.

 

Es responsabilidad de los Estados parte del Pacto de San José, como bien ha hecho el Gobierno de la República de Costa Rica al formular la solicitud de opinión consultiva, garantizar y respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción.

 

En consecuencia, la resolución (OC-24/17) de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se pronuncia reconociendo los derechos a la igualdad, a las libertades fundamentales y a la no discriminación de las personas LGBTI. En consecuencia, establece el respeto de la orientación sexual como ejercicio de la autonomía personal, en función del principio de igual dignidad de las personas. 

 

De esta forma, el Estado costarricense ha de proteger el reconocimiento de la personalidad jurídica, el nombre y la identidad de género auto percibida de la persona LGBTI; así como de su libertad de expresión de género. Por otra parte, se extiende dicho reconocimiento a los derechos, no solo patrimoniales, de las parejas del mismo sexo; se entiende además en un sentido amplio y no restrictivo al concepto de familia.

 

El rector subrayó que con fundamento  en el carácter vinculante que tienen los pronunciamientos de la Corte Interamericana, tanto de las sentencias en sede contenciosa como de las  opiniones en sede consultiva, de acuerdo con la jurisprudencia de la Sala  Constitucional de la República de Costa Rica, la Universidad Nacional se compromete a promover y apoyar con todos los medios disponibles la urgencia de armonizar la legislación, los reglamentos y las disposiciones institucionales en el país, para cumplir a cabalidad con los alcances de la resolución OC-24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, evitando así toda distinción, exclusión,  restricción o preferencia que pueda anular o menoscabar el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos humanos y de las libertades fundamentales por parte de la comunidad LGBTI.

 

 

A la vez, hace un vehemente llamado a la comunidad nacional para que impere el respeto, el reconocimiento recíproco y la convivencia pacífica y equitativa, evitando cualquier manifestación de intolerancia y de violencia, en particular contra las personas de la comunidad LGBTI.

 

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